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LA MEDIDA, CONVERTIDA EN LEY POR EL SENADO, IMPLICARÁ RETROTRAER LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS A VALORES SIMILARES A LOS DE DICIEMBRE PASADO PARA ALREDEDOR DE 9 MILLONES DE PERSONAS QUE SERÁN BENEFICIADOS POR ESTA MEDIDA.

La devolución del 15 por ciento del IVA para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales se aplicará sobre todos los productos que vendan los comercios adheridos, tendrá un costo fiscal de 25.000 millones de pesos que será compartido entre la Nación y las provincias, e implicará retrotraer los precios de los productos a valores similares a los de diciembre pasado para alrededor de 9 millones de personas que serán beneficiados por esta medida.
El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, explicó que la medida, convertida en ley por el Senado, se toma “en una situación delicada desde el punto de vista fiscal” pero en cumplimiento a un propuesta de campaña, por lo que, según aseguró, el costo fiscal estaba previsto.
El costo fiscal será de 25.000 millones de pesos “compartido con las provincias, ya que el IVA es un impuesto coparticipable”, precisó el titular de Hacienda en una conferencia de prensa, junto al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Alberto Abad, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
La ley estipula la devolución de 15 por ciento del IVA, hasta un tope de 300 pesos por mes, sobre compras de hasta 2.000 pesos mensuales realizada con tarjetas de débito y crédito, y abarcará a todos los productos que se vendan en los comercios adheridos, no solo los de la canasta alimentaria, explicó Prat Gay.
Aquellos productos que tributen IVA con una alícuota de 10,5 por ciento, como la carne o la leche, tendrán también una devolución de 15 por ciento más allá de que la tasa sea inferior.
A este beneficio se sumará la devolución de 5 por ciento del IVA por compras con tarjetas de débito, vigente desde hace más de una década.
El beneficio recaerá sobre jubilados y pensionados que no sobrepasen 2,5 jubilaciones mínimas por ingreso familiar, que sumarían alrededor de 3 millones; a los que se agregan otros 4 millones de personas que reciben la Asignación Universal por Hijo; 1,5 millones que perciben pensiones no contributivas y 300 mil beneficiarias del subsidio por embarazo.
De acuerdo con cálculos de FIEL, citados por Prat Gay en la conferencia de prensa, la canasta básica alimentaria por adulto es de 1.491 pesos, pero con la aplicación de la ley implicará 1.191 pesos para los beneficiarios.
“A nueve millones de personas le estamos evitando la inflación de los últimos 6 meses”, enfatizó el ministro, tras precisar que para un beneficiario de AUH implicará “retrotraer los precios de la canasta a enero”, mientras que a un jubilado con ingreso familiar equivalente a 2,5 haberes mínimos, le equivaldrá volver a los precios de noviembre”.
La devolución “será casi inmediata”, resaltó y explicó que el importe correspondiente se acreditará en la cuenta del beneficiario en un plazo máximo de 72 horas.
Durante el primer mes de aplicación de la ley, el total de la devolución se hará con las primeras dos compras, a razón de 150 pesos por cada una, independientemente del valor de la adquisición y aunque el consumidor gaste menos de 2 mil pesos en ese lapso.
Con el mismo criterio, el segundo mes se devolverán 300 pesos, repartidos en las cuatro primeras compras, y el tercer mes se reintegrará ese importe en las primeras 6 compras.
Esta modalidad inicial, “se dispuso para que el beneficiario adquiera la gimnasia” de comprar con las tarjetas, señaló el ministro.
Al precisar cómo afecta a los comerciantes la ley, Abad resaltó que la medida apunta también a “formalizar la economía, que tiene un muy bajo uso de la tarjeta” y, por ende, “a ampliar la base tributaria, sobre todo a partir de las medidas tomadas para reducir la presión”.
El titular del Afip sostuvo que, en el proceso de elaboración del proyecto de ley, se mantuvieron reuniones con responsables de comercios, bancos y administradoras de tarjetas, y se registró “una mala predisposición de pequeños comerciantes a implementar los posnet por los costos que acarrea el servicio”.
Por ello, las administradoras de tarjetas se comprometieron a ampliar la red de posnet, bonificar los nuevos aparatos por 2 años y a no cobrar aranceles por las transacciones que se realicen bajo este programa, explicó Abad.
El funcionario agregó que los bancos ampliarán la red de ATM y aceptarán en pago en dos cuotas de las compras que se hagan con tarjeta de débito.
Por su parte, la Afip eliminará las retenciones y percepciones del IVA y del Impuesto a las Ganancias para esta operatoria.
Por último, el ministro de Hacienda destacó la aprobación por unanimidad de la ley, lo que “muestra que, aún sin mayoría parlamentaria, una medida bien trabajada puede lograr el consenso”.


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