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Es por la incertidumbre generada en los usuarios y consumidores tras los fallos judiciales que dejan sin efecto las últimas subas. 

La secretaria legal, técnica y administrativa y la oficina municipal de información al consumidor enviaron un escrito a la Cooperativa de Provisión Eléctrica y Otros Servicios de General Madariaga (COEMA)  para que informe, en el plazo de cinco días, como se aplicarán las últimas sentencias emanadas por las justicia en las últimas horas.

La sentencia definitiva del Tribunal federal de La Plata
Ayer, el juez en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, Luis Federico Arias, le propinó un nuevo revés a las distribuidoras al declarar la nulidad de la resolución que habilitaba el incremento en las tarifas del servicio eléctrico del 140% en los distritos del interior provincial.
El fallo hizo lugar a una “medida autosatisfactoria” presentada por la asociación civil Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), que pedía acabar con los incrementos para el servicio que brindan las empresas Edelap (La Plata y región), EDES (sur bonaerense), EDEA (Costa Atlántica), EDEN (norte de la Provincia) y las cooperativas del interior.
En su dictamen, el magistrado señaló que “los usuarios no han tenido participación alguna en el procedimiento de revisión tarifaria, ni han sido informados de las razones o motivos del aumento, motivo por el cual corresponde declarar la nulidad”.
Siguiendo con la resolución, ordena “que dentro del plazo de cinco días se instruya a las distribuidoras comprendidas en los alcances de la presente sentencia a la refacturación de la tarifa eléctrica”.
Para validar su fallo, el juez recordó el dictamen de la semana pasada de la Cámara Federal platense, que declaró nulas las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que dispusieron en todo el país un aumento en la tarifa del gas, fundándolo en la falta de audiencia pública.
Arias había aceptado en mayo una medida cautelar del CIAJ, en la que suspendió el aumento de la luz para el Gran La Plata y el interior provincial, aunque esa resolución fue apelada por el Ejecutivo y se encuentra bajo el análisis de la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo local.

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