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Por las facturas truchas. El pedido, realizado por el fiscal Antonio Castaño, es extensivo a uno de los hijos del empresario, Martín Báez, quien ya se encuentra procesado por lavado de dinero en el marco de la misma causa por la que su padre se encuentra procesado y bajo prisión preventiva, que tramita en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello. Así lo consignaron fuentes judiciales, quienes precisaron que, también, el fiscal Castaño pidió la declaración indagatoria de los empresarios bahienses Mauro, Franco, Enzo y Silvio Ficcadenti; de Denis, Jorge y Franco Ferreyra; y de Rogelio Chanquía, todos ellos imputados en el marco de la causa por presunta asociación ilícita para la confección de facturas truchas como mecanismo para evadir impuestos. En el marco de este expediente, el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, negó que el cierre de las oficinas de la AFIP en la ciudad de Bahía Blanca tuviera que ver con una supuesta intención de bloquear la investigación por la emisión de facturas apócrifas. Para el Ministerio Público Fiscal y por las maniobras realizadas, Austral Construcciones logró obtener ganancias por más de 20 millones de pesos, según consta en el expediente. El requerimiento solicitado por Castaño y que fue dado a conocer hoy, fue efectuado en los últimos días ante la Justicia Federal de Bahía Blanca, que deberá definir los pasos a seguir. En esta ciudad del sur bonaerense se encuentran vacantes los dos juzgados federales, con lo cual ambos son subrogados por la jueza federal de Viedma, Mirta Filippuzzi. Fuentes judiciales señalaron a Télam que, “además de Lázaro y Martín Báez, quienes integraban Austral Construcciones, figuran los Ficcadenti, quienes tenían el Gupo Calvento, Penta y Terrafari, y los Ferreyra quienes estaban a cargo de la firma Constructora Patagónica, en tanto que Chanquía se desempeñaba como contador”. Según la investigación, en muchos de los casos, las empresas locales Calvento y Penta eran proveedoras falsas de Constructora Patagónica, una empresa que luego le facturaba servicios falsos a Austral Construcciones. En su dictamen, el fiscal Castaño señaló a la ciudad de Bahía Blanca como “punto estratégico del entramado del grupo Báez, sin perjuicio de las relaciones con otras estructuras en el país y en el exterior”. “Este bloque fue pergeñado en nuestra región y, con la connivencia de funcionarios de la AFIP-DGI, se posibilitó la perpetración de ilícitos fiscales”, expresó el fiscal en su resolución. En la presentación, a la que tuvo acceso Télam, además indicó que “se desprende de lo analizado hasta el momento que, durante un tiempo prolongado, al menos desde el 2011, funcionó la presente asociación ilícita, que principalmente se autoabastecía, generando un riesgo potencial la maniobra reprochacha”. “Estamos frente a un delito de peligro, que hace a que, si bien se encuentran cuantificando las deudas en cabeza de los obligados de autos, es relevante sostener que la organización favorece la generación de créditos fiscales falsos, utilizables no sólo por los integrantes de los grupos interrelacionados”, expresó en el escrito. Por otro lado, en la misma requisitoria, el fiscal sostuvo que, “apoyándose en la estructura jurídica de Austral Construcciones SA, el Grupo Báez con formado por Lázaro y Martín Báez, secundados por sus apoyos técnicos, diseñaron un entramado societario con diferentes actores a los efectos de beneficiarse con dinero ilícito, en la mayoría proveniente de la obra pública, generando costos falsos, y atemperando deudas fiscales”. Para eso, continúa el dictamen, “se valieron de entre otras personas como los grupos constituidos por las familias Ficcadenti, Ferreyra, Pedraza, entre otros”. Además, el fiscal remarcó que, de acuerdo con informes de la AFIP, “Calvento y Penta eran proveedores falsos de Constructora, quien luego le facturaba los servicios a Austral Construcciones Sociedad Anónima”. “A partir de ser falsos los costos de Constructora Patagónica, como mínimo en lo atinente al grupo Penta y Calvento, se colige que le estaría sobrefacturando costos a Austral Construcciones SA para permitir la salida de dinero contable, además de evadir el IVA y las ganancias”, postuló el representante del Ministerio Público Fiscal al pedir las indagatorias. En este marco, afirmó que, “gracias a la maniobra de esta asociación ilícita fiscal, al menos 20 millones del costo de Austral son falsos”.


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