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Marina Graciela Jorge está acusada de ser una de las partícipes necesarias en una maniobra para desviar fondos de un programa de Naciones Unidas que aportó unos 50 millones de pesos para desarrollar y potenciar distintos programas del Ministerio del Interior.
La madariaguense, de 51 años de edad, se negó a declarar en primera instancia y eso complicó su situación procesal.
En la decisión, de más de 90 páginas, se explica un entramado de empresas que fueron creadas para por los propios empleados del ministerios para autocontratarse con distintas prestaciones.
Mariana Jorge aparece como presidenta de Gurban 360 S.A. junto a Pablo Rosso. Además existe una estrecha relación familiar entre Jorge y una de las principales acusadas en la investigación, María de Lourdes Giménez, quién está relacionada con más de una firma.
Los veinticinco empleados públicos de la época kirchnerista del Ministerio de Interior y Transporte de la Nación, además fueron embargados por la supuesta apropiación de esos 50 millones de pesos donados por la ONU para el desarrollo.
Los empleados habrían desviado durante cuatro años esa suma para beneficio propio o de terceros.
Bonadio resolvió los procesamientos por los supuestos delitos de "defraudación contra la administración pública" y "lavado de activos", a la vez que dispuso embargos de dinero más bienes y, para algunos, hasta prohibiciones de salir del país.
En su resolución, y entre otras medidas, el magistrado ordenó intimar al Club Atlético Independiente para que devuelva una suma cercana a los 500 mil pesos que, en 2012, fue abonada por uno de los procesados por la compra de un palco por diez años, cuya posesión será retornada al club para que vuelva a comercializarla.
Los programas financiados por el PNUD en los que fueron detectadas estas maniobras delictivas fueron cuatro: uno de ellos estaba destinado a la modernización tecnológica del Registro Nacional de las Personas; otro a la del Archivo General de la Nación; otra al “fortalecimiento del proceso electoral argentino”; y el cuarto al fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Entre otros hechos, la resolución de Bonadio da cuenta de que, el mismo día en que asumió su cargo como coordinador general de la Unidad Ejecutora de Proyectos, Héctor Damián Mazza utilizó 492.772 pesos para adquirir el palco número 65 del Club Atlético Independiente por diez años, “una muestra más de la voracidad por apropiarse del dinero que el Estado tenía a su cuidado”. En tanto, sobre la ex directora nacional de UEP hasta julio de 2012, María Lourdes Giménez, la Justicia pudo probar que en abril del 2013 compró un auto marca Audi todo terreno modelo Q3 y que ese mismo mes fue autorizada a conducir otro Audi, en este caso modelo S4, adquirido por la empresa Callmed, una de las contratadas en el marco de los programas del PNUD. Por otro lado, la investigación determinó que las autoridades máximas de la UEP, Giménez y Sáenz Rico, contrataron empresas que tenían vinculación directa con ellos, dado que “compartían viajes y vivienda” con sus dueños.
María de Lourdes Giménez ya había aparecido en los medios nacionales en 2005 cuando su pareja, Adolfo José Luis Herro, apareció asesinado en un Aparte en Cariló. En esa época Gimenez ya trabajaba junto a ese contador, desde mediados del 90, para el estado bonaerense en Unidades Ejecutoras que compraban material policial.

centraldenoticiasmadariaga.com

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