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10-10-2016 El programa La Cornisa dio a conocer una lista de magistrados a quienes se calificó de "excesivamente garantistas o abolicionistas". En ese listado, no solo figura el juez de Garantías con competencia en nuestra ciudad, sino que también está el juez Giles, que tiene a su cargo la causa por la caída de la Garita sobre Ramón Amarilla.

El equipo de investigación de La Cornisa (América TV) dio a conocer esta noche una lista de diez jueces de la provincia de Buenos Aires a quienes, según lo señalado en el informe, se calificó de "excesivamente garantistas" o "abolicionistas".
Incluye casos de jueces que dictaron la liberación a un gendarme detenido por violación, otros que tuvieron "defensas corporativas" de colegas, como así también el caso que le concedió salidas transitorias al primer sacerdote condenado por abuso de menores en el país o la liberación anticipada del "Gordo" Valor. Asimismo, se reiteran las críticas para los jueces “con posturas abolicionistas para reincidentes”.
Este es el listado de los diez magistrados:
Diego Olivera Zapiola, juez titular del Juzgado de Garantías Nº 4 de Dolores. Criticado, también, por  fallos que liberaron a detenidos “con posturas abolicionistas para reincidentes”.
Gastón Giles, juez de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial de Dolores. Fue denunciado por el intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo De Jesús, ante el Jurado de Enjuiciamiento, por la “parcialidad en favor de los delincuentes, incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones y por incumplimientos inherentes a su cargo”.
Nicolás Schiavo, juez de Garantías N° 5 de San Martín. Concedió la “morigeración de la prisión preventiva” y dejó en libertad a Carlos Pereyra Duarte, acusado del secuestro de un ciudadano sueco, contradiciendo los informes médicos sobre el secuestrador. De igual modo dictaminó la “libertad morigerada” al gendarme Jorge Daniel Barbosa en julio del año pasado, quien había sido detenido por violar a dos mujeres en 2008.
Esteban Rossignoli, juez de Garantías N° 4 de San Isidro. Carlos Regis, vecino de Beccar, fue asesinado en ocasión de robo y su hija gravemente herida en el mismo hecho, por dos delincuentes reincidentes. Uno de ellos había sido liberado por Rossignoli. Dicho magistrado tiene pedido de juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia.
Juan Galarreta, juez de Ejecución Juzgado Nº 2 Penal de Mar del Plata. En diciembre de 2015, concedió la libertad condicional Rubén Galera, condenado a 16 años de prisión por la comisión de delitos sexuales cometidos en Miramar. En mayo de este año, Galera fue detenido acusado de haber abusado sexualmente a una joven en Mar del Plata.
Mario Juliano, juez del Tribunal Criminal Nº 1 de Necochea. Fue, durante muchos años, presidente de la Asociación Pensamiento Penal. Según el informe La Cornisa, en los últimos meses inició una campaña contra casos de legítima defensa por tratarse, según Juliano, de una “actividad clasista” de burgueses contra pobres.
Gustavo Herbel, juez de la Cámara de Garantías de San Isidro, acusado de conceder salidas transitorias a un cura sanjuanino condenado por pedófilo. Se trata de Mario Napoleón Sasso, el primer sacerdote condenado por abuso de menores en el país, quien recibió el beneficio de las salidas transitorias gracias al fallo de los jueces de la Cámara de Apelaciones de San Isidro con la firma de Celia Margarita Vázquez y Gustavo Herbel.
Celia Margarita Vázquez, jueza de la Sala III de la Cámara de Garantías de San Isidro. “Es conocida por sus posturas casi abolicionistas”, dijeron fuentes a La Cornisa. Vázquez intervino en la conocida como “defensa corporativa” de varios magistrados en contra del juicio político contra los jueces Esteban Rossignoli y Rafael Sal Lari, ambos de San Isidro, acusados por mal desempeño en sus funciones. También firmó a favor del fallo de salidas transitorias del sacerdote sanjuanino.
Juan Francisco Tapia, juez de Garantías Nº 4 de Mar del Plata, cuestionado por tener "posturas abolicionistas para reincidentes”. Tapia denunció las condiciones en que viven los presos de Batán.  Argumentó que “los jueces penales deberán tomar la decisión de hacer cesar el encierro cuando la modalidad del encarcelamiento agravie la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
Alejandro David, juez de Ejecución Penal de San Isidro. Otorgó la libertad anticipada a Luis “El Gordo” Valor, al considerar que por "haber cumplido los dos tercios de una condena de siete años, por un robo en un country de Pablo Nogués en 2009, le correspondía la libertad asistida". Según varios especialistas consultados por La Cornisa este beneficio “se otorga de forma casi automática en la Provincia y de manera más restrictiva en la Capital”.




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