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10-10-17 Si existe un tema fundamental para cualquier sociedad, es la cuestión educativa. El presente y futuro de una Nación dependen en gran parte de la calidad y características que adopte su sistema educativo en todos los niveles. Nuestro sistema educativo actual encuentra sus raíces en una ley sancionada hace ya 133 años y que sin embargo sigue manteniendo su vigencia rectora.
“La promulgación de la ley 1420 constituyó la culminación de un complejo proceso histórico, como resultado del cual aparecían triunfando y abriéndose paso, las ideas democráticas y liberales que pue­den percibirse debajo de todos los esfuerzos de integración del país y modernización de sus instituciones. Las etapas anteriores a su aprobación; el brillante debate parlamentario que la precedió; la amplia participación de la prensa en la discusión que apasionó la opinión pública; los antecedentes legales que la explican; los certámenes pedagógicos que se anticiparon en señalar la necesidad de una legislación orgánica en la materia; las condiciones imperantes en el país, puestas de relieve por las estadísticas, como así también las razones esgrimidas en el seno del Congreso, demuestran la pro­funda coherencia de la misma, su identificación con la mejor tradi­ción del país; y sobre todo, que no es fruto de improvisación -decenios de prédica sarmientina la prepararon- y que su aprobación no obedeció a combinaciones políticas momentáneas, como han sugerido alguna vez sus detractores. Su texto tampoco ha envejecido en el sentido que pretenden sus críticos más hostiles”.
Es esta larga cita de Gregorio Weinberg correspondiente a su Estu­dio Preliminar al Debate Parlamentario sobre la Ley 1420, una acabada síntesis respecto al proceso de elaboración y concreción de la ley 1420.
Esta ley, enraizada en nuestras mejores tradiciones, trascendió el ámbito de la educación primaria nacional para la que fuera dictada; sus principios y su sentido democrático y popular se proyectaron a las jurisdicciones provinciales, a otros niveles y modalidades del sistema educativo, inspirando las realizaciones más positivas de la educación argentina.
Universalidad, igualdad, obligatoriedad, gratuidad, rechazo de todo dogmatismo, participación popular en el gobierno de la educación, autonomía funcional y financiera, dignificación del docente y di­fusión amplia de la cultura son los principios esenciales que han dado vitalidad permanente a esta ley.
En estos tiempos en que resulta necesario construir una nueva legislación educacional argentina, que surgida de un amplio debate constituya una herramienta eficaz para el establecimiento de una educación verdaderamente popular, democrática, tolerante, científica y progresista al servicio del país y de su gente, no viene mal efectuar una breve recordación de la ley 1420, realizando un rápido repaso por sus antecedentes inmediatos, su trámite parlamentario y sus contenidos, los que a un siglo y pico de su sanción, siguen teniendo vigencia y consti­tuyen el punto de partida y la base doctrinaria sobre la que deberá levantarse el nuevo andamiaje educativo.

El proyecto educativo de 1880
En los años finales del siglo XIX, más precisamente a comienzos de la década del ochenta, un proyecto de país estaba en plena eje­cución si bien sus raíces se remontaban casi a los orígenes de nuestra vida como nación independiente, recién en ese momento se dieron las condiciones internas y externas que permitieron su realización.
Con sus aciertos y limitaciones, ese proyecto -definitivamente agotado en las primeras décadas siglo XX- ha contribuido decisivamente a nuestra conformación como país.
 Hagamos escueta referencia al pro­yecto educativo puesto en marcha en aquellos años. Una vez unifi­cado el territorio y resueltos los problemas más urgentes -sublevaciones en el interior, "conquista" del desierto, capitalización de Buenos Aires- los poderes nacionales encararon en forma decidida la estructuración de un sistema educativo que debía constituirse en uno de los pilares del fortalecimiento del Estado nacional.
La educación aparecía como un pre requisito tanto para el progreso material del país como para el mantenimiento del orden social y el afianzamiento de las instituciones.
La primera mitad del siglo XIX fue para nuestra educación, lo mismo que para otros aspectos de la vida nacional, una etapa de expectativas más o menos frustradas y de espera. Esto no significa descono­cer los esfuerzos de Belgrano, Rivadavia y otros en la materia, pero en términos prácticos se produjeron muy pocos adelantos respecto a la situación existente durante la Colonia.
Como en ella, el acceso al sistema de educación formal constituyó el privilegio de una ínfima minoría; la mayoría de la población política y económicamente marginada- no recibía instrucción formal alguna.

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