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08-11-17 Creado en Consejo Nacional de Educación, venía ahora el tratamiento de la que sería la ley 1420. La Cámara de Diputados, consciente tal vez de la importancia que el tema revestía, no se limitó simplemente a dar su asentimiento; procedió a realizar un estudio prolongado y pormenorizado, que concluyó con el despacho elaborado por la Comisión de Culto e Instrucción Pública de fecha 9 de junio de 1883. El trascendente debate tuvo comienzo el 4 de julio al considerar la Cámara baja aquel despacho informado en la palabra del diputado Demaría.

Le cupo al diputado Onésimo Leguizamón llevar la voz cantante de las posiciones liberales, y la oposición al proyecto de la comisión, al cual opone un proyecto alternativo de su autoría, el que seré final­mente triunfante.
Resulta un acto de justicia recordar también las brillantes exposi­ciones de diputados como Pedro Goyena en defensa de la enseñanza religiosa, de Lagos García, Civit, Delfín Gallo, el ministro Wilde, Achaval Rodríguez, y Alvear por citar algunos de los que intervinie­ron en ese debate que por su jerarquía ocupa una página preponderan­te en la historia parlamentaria argentina.
Finalizada la primera parte del debate con el rechazo del proyecto de ley presentado por la Comisión. Reiniciose la segunda con la dis­cusión en particular del nuevo proyecto presentado como dijéramos, por un grupo de diputados encabezados por Onésimo Leguisamón.
El largo y por momentos dificultoso trámite concluyó el 26 de junio de 1884 cuando el Senado dio sanción definitiva al nuevo proyecto.
El 8 de julio siguiente con el decreto de promulgación que lleva las firmas del Presidente Roca y el ministro Wilde, quedaba materiali­zada la ley 1420.

El contenido de la ley
La ley se compone de nueve capítulos y ochenta y un artículos, y re­presenta aún a pesar del tiempo transcurrido desde su sanción, un mo­delo en su género.
Una breve recorrida por su texto permite destacar que el capítulo pri­mero se refiere a los "Principios generales sobre la enseñanza pública en las escuelas primarias", quedando los postulados esenciales plasma­dos en los artículos 1ro y 2do. "la instrucción primaria debe ser obligatoria, gratuita y gradual”. El art. 6 especifica cual deberé ser el mínimum de instrucción, que deberé comprender lectura y escritura, aritmética, geografía nacional y universal, historia, idioma nacional, moral y urbanidad, nociones de higiene, de ciencias matemáticas, de dibujo y música vocal, físicas y naturales, y gimnástica.
El art. 8, que fuera el eje de los más ardientes debates dice "la enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su res­pectiva comunión, y antes o después de las horas de clase".
 Otros artículos se ocupan de los jardines de infantes, educación para adultos, edificación escolar, escuela mixta, ambulante, y otras cuestiones.
El capítulo segundo enuncia normas claras y precisas sobre "matrícu­la escolar, registro de asistencia, estadística en las escuelas y censo de la población escolar".
El capítulo tercero se refiere al "personal docente" y detalla las condiciones necesarias para el ejercicio de tareas de conducción, las obligaciones que deberán cumplir.
El capítulo cuarto "inspección técnica y administración de las escue­las", precisa las funciones de los inspectores y la organización de los distritos.
El capitulo quinto, "Tesoro común de las escuelas-Fondo escolar perma­nente", es a juicio de Gregorio Weinberg, uno de los más importantes y "revela cuan clara era Ir visión de aquellos legisladores que aspiraban a sustraer la enseñanza primaria de los vaivenes de la pequeña política y de las posibilidades del poder administrador, y de este mo­do generar los medios suficientes para el manejo autónomo del Conse­jo Nacional de Educación".
El capítulo sexto trata sobre "Dirección y administración de las escuelas públicas". Allí se determinan con precisión la competencia, funciones, derechos y obligaciones del Consejo Nacional de Educación.
"De las bibliotecas populares" es el tema del capítulo séptimo; el si­guiente -octavo- se ocupa de "escuelas y colegios particulares", culmi­nando el texto de la ley,- con una serie de disposiciones complementa­rias que dar forma al capítulo noveno y último.
Han pasado 133 años de aquella sanción, y esta ley sigue marcando luminosa los rumbos de la educación en Argentina.-


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