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13-03-18 El presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, Alejandro Amor, planteó la necesidad de hacer “un punto y aparte” en el proceso de readecuación de las tarifas de los servicios públicos para comenzar “reducir el componente impositivo” de las boletas de agua, gas y electricidad y evitar así que buena parte de la población profundice su situación de “pobreza energética”.
Amor, quien es defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, planteó esa consigna durante la conmemoración del 15º aniversario de la creación de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, realizado ayer en el Concejo Deliberante de Mar del Plata.
“La readecuación tarifaria era necesaria, sobre todo en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, donde había tarifas que estaban muy por debajo de cualquier promedio internacional”, le dijo el funcionario, quien sostuvo que en esta instancia, ese proceso debe adoptar una nueva dirección, contemplando que el “acceso a los servicios es un derecho humano esencial”.
Para el presidente de la Adpra la política de suba de tarifas impulsada por la gestión de Mauricio Macri “era necesaria” para adecuar sus valores a “precios más razonables y revertir la falta de inversiones” aunque marcó sus discrepancias con la forma en la que se lo llevó a cabo durante los últimos dos años.
“El incremento tarifario ha sido realmente más que significativo, porque ha tenido una lógica de dos incrementos anuales mientras ha habido siempre una única instancia de aumento salarial anual. Por eso siempre hemos dicho que los aumentos debían darse una vez al año de manera previa a la paritaria de cada sector. Lamentablemente tampoco se respetó el fallo de la Corte Suprema que establecía principios de proporcionalidad, equidad y no confiscatoriedad”, dijo.
Amor indicó que ahora “llegó el momento de parar la pelota y de sentarnos a una mesa todos los que tenemos alguna responsabilidad, en especial el Congreso, los gobernadores, los intendentes y el Gobierno de la Nación para redefinir lo que pasa con las tarifas”. Según explicó, tras las fuertes subas autorizadas en los últimos años “las empresas están teniendo márgenes de ganancia importantes” lo que se puede comprobar “con ingresar a la página de la Bolsa de Valores para observar el precio de sus acciones”. Por lo tanto, “en este contexto el principal perjudicado ha sido vecino” para quien pidió que el Estado comience adoptar medidas concretas.
“Proponemos que tal como con el campo se tomó una medida reclamada de bajar las retenciones” en el caso de los servicios el Estado “reduzca el componente impositivo” contenido en las facturas. “Los impuestos, según el caso, van del 30% al 54% de lo que el usuario paga, por lo que consideramos que llegó el momento de que el Estado haga un esfuerzo con esto”.
Amor sostuvo que en todo el país existen familias que no están alcanzadas por la tarifa social y que “ya están en una situación de pobreza energética”. Según explicó “la pobreza energética es un concepto creado por los británicos”, que contempla a aquellas “familias que dedican más del 50% de sus ingresos a pagar servicios públicos”.
El defensor del pueblo porteño remarcó que esa definición fue concebida entendiendo que “el acceso al agua y a la energía es un derecho humano” que el Estado “está obligado a garantizar” para lo cual consideró “fundamental discutir cómo disminuir el costo de los impuestos” contenidos en las facturas.

Fuente: La Capital
elfundadoronline.com

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