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11-05-18 En una resolución reciente dictada recientemente por el Juez Federal de Dolores, Dr. Alejo Ramos Padilla, se solicitó a través de la Fiscalía General Departamental, que la justicia provincial realice una profunda investigación en torno a las posibles conductas ilícitas de funcionarios policiales de la bonaerense, ello con relación a procedimientos realizados en la Costa y difundidos como exitosos por la gran cantidad de pastillas de LSD incautadas, cuando en realidad se comprobó luego que era “repelente para insectos”.
Las actuaciones en cuestión y que tuvieron amplia cobertura nacional, fueron difundidas en enero de 2015 en oportunidad de visitar el entonces Gobernador Daniel Scioli la Costa Atlántica. Se informó en un caso, que personal de la Delegación Dolores de la Superintendencia de Drogas Ilícitas había concretado allanamientos en Pinamar, Ostende y Valeria del Mar, que se había detenido a siete personas y secuestrado más de 60.000 micro dosis de LSD (ácido lisérgico). También de otro hecho similar en Santa Teresita, donde de acuerdo al informe hecho público ese mismo mes y por la misma repartición policial, se había incautado una cantidad similar de micro dosis de LSD (63 mil).
Y uno de los detenidos en aquellos procedimientos –según consta en la resolución del Juzgado Federal a la que tuvimos acceso- había denunciado poco después en esta sede judicial, que un Subcomisario de la bonaerense y otro detenido se dedicaban al “armado de causas” por infracción a la ley de drogas, también a la compra, corte y comercialización de estupefacientes, como a la venta de terrenos usurpados en Pinamar, Villa Gesell, Ostende y el Partido de La Costa.
Sobre ambos procedimientos el Dr. Ramos Padilla resaltó, que dada la cantidad de ácido lisérgico que se dijo se había incautado había formado causa federal, y había pedido la incompetencia de la justicia provincial por ser un tema de narcotráfico. Y precisó, que pese a los diversos puntos de conexión que vinculaban los hechos con expedientes que el Juzgado Federal había iniciado, en diciembre de 2016 el Dr. Olivera Zapiola, titular del Juzgado de Garantías de La Costa, luego de haber concluido que no era la mencionada droga alucinógena la incautada y difundida por la policía -más de 60.000 dosis de LSD en cada caso- sino que se trataba de “repelente para insectos“, el Juez había considerado que los planteos de inhibitoria había devenido en abstractos al no existir delito federal que investigar.
Por otra parte el Juez Federal de Dolores precisó, que considerando que las actuaciones por los mencionados procedimientos pese a ser de investigación del fuero federal por narcotráfico –según el importante secuestro de LSD difundido- nunca habían llegado a su conocimiento, había decidido formar causa para dilucidar “la posible comisión de delitos de acción pública” por parte de personal de la Delegación Dolores de la Superintendencia de Investigaciones de Trafico de Drogas Ilícitas de la Policía provincial, entre las que podrían mencionarse en principio dijo, un “posible y eventual entorpecimiento de una investigación penal y/o armado de una causa penal por comercialización de estupefacientes, como también la consecuente privación ilegítima de libertad de una persona y las falsedades ideológicas de las actas de los procedimientos…”.
Y dadas las “análogas irregularidades a las acaecidas y advertidas” (…), la similitud, reiteración, coetaneidad de los hechos” y que la justicia provincial local debía intervenir, resolvió remitir la documentación pertinente al Fiscal General del Departamento Judicial Dolores, “para que, en el caso, que no se hubiera realizado una investigación profunda en torno a las posibles conductas ilícitas que habrían cometido esos funcionarios de la Policía (…) se proceda conforme a derecho dándosele intervención al Agente Fiscal y al Juez de Garantías que corresponda”.
Además dispuso remitir copias de su resolución a la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a fin que se investigue la posible comisión de faltas administrativas y, en su caso, se evalúen las sanciones que pudieren corresponder a esos funcionarios policiales que intervinieron en los procedimientos antidrogas que la fuerza publicitó en enero de 2015.

Fuente: Diario Compromiso (Dolores)


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