AVISO (900x113)

24-08-18 Los concejales de Tordillo HORACIO ISMAEL GARAY, y ANA SOLEDAD CABEZAS, ambos pertenecientes a Cambiemos, presentaron el viernes pasado una denuncia penal para que se investiguen irregularidades en una obra de asfalto, financiada durante el kirchnerismo con fondos nacionales, pero ejecutada entre el 2016 y el 2017.
En la presentación, patrocinada por el Dr. Leandro Alonso, dirigente radical del Partido de La Costa, se explica que a través de una licitación pública se contrató a la empresa CGL S.R.L. para la construcción de 15.336 metros 2 de asfalto, con un presupuesto $5.168.232.
Cebe destacar que el plazo de la obra era de 6 meses, y en el pliego de bases y condiciones se establecía claramente que no se contemplaban las variaciones de costos.
Luego de pasados 2 años, con gran parte de la obra paga, y siendo la construcción de la misma sumamente defectuosa, el 12 de septiembre de 2017 se procedió a rescindir el contrato, efectuándose al día siguiente un acta acuerdo entre la Municipalidad y la empresa.
De tal forma, con todos los plazos vencidos y una obra construida en forma deficiente, habiéndose abonado como mínimo el anticipo financiero y 7 certificados de avance de obra por un monto de $3.572.433,08, se permitió el retiro de la empresa, sin control sobre la calidad de la obra ni investigación alguna sobre la responsabilidad de los funcionarios que efectuaron las certificaciones de avance de obra, permitiendo el cobro a la empresa, y que demoraron la rescisión del contrato.
En forma concreta, se encuentra la posible comisión de delito penal, en tanto se certificaron obras no realizadas, o efectuadas en forma deficiente, permitiendo al contratista el cobro de $3.572.433,08, es decir el 69% de a obra; y dándole la posibilidad de rescindir el contrato sin imputación de causa.
Los denunciantes ofrecieron como prueba el expediente administrativo, y pidieron se efectúen pericias para establecer si las obras certificadas han sido efectuadas con la calidad adecuado de acuerdo a la contratación y al Pliego de Bases y Condiciones; y si los avances de obra certificados se condicen con la realidad.

En ele scrito, se plantea la posible comisión de delitos relacionados con la responsabilidad de los funcionarios públicos, fraude a la administración pública, y negociaciones incompatibles con los cargos, pidiendo se apliquen las normas de las Conveniones Internacionales de lucha contra la corrupción.

Publicar un comentario