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Hace 15 años la Justicia neuquina condenó a Carlos Bernardo Soñé (43) a 30 años de prisión por las atrocidades cometidas contra el hijo de tres años de su pareja, Patricia Alonso. Esta semana un tribunal provincial lo autorizó a tener salidas laborales que lo devolverán a la libertad bajo ciertas condiciones. Las pericias psicológicas insisten en que Soñé es un “psicópata” y una persona peligrosa.

Como en todos estos años tras las rejas, Soñé ni sus abogados lograron que el sistema carcelario se lo someta a una terapia que ayude a su calidad de vida y psiquis, sus familiares contrataron a un terapeuta desatando la polémica en Neuquén. Mentalmente listo o no, en breve, Soñé recuperará parte de sus derechos y lo hará parcialmente en libertad.

En la madrugada del 1° de noviembre de 2002, Soñé llegó al hospital de Cutral Co con el cuerpo inerte del pequeño Franco. Un rato antes, en el marco de una violenta discusión con su pareja Patricia Alonso, el hombre había bañado al menor en la humilde propiedad que habitaban juntos en el Parque Industrial de la localidad petrolera.

Al ingresar al centro de salud, Soñé y Alonso explicaron a los médicos que el chico había sido atacado por perros, pero el examen reveló que su cuerpo tenía mordeduras humanas, quemaduras de cigarrillos, un golpe en el vientre que le había provocado un desgarro y evidencias de haber sido violado.

El chico, en verdad, falleció a consecuencia de una peritonitis que acarreaba desde hacía dos o tres días y que no fue atendida. Su madre y su pareja no hicieron caso a la fiebre, los vómitos, la inapetencia y el continuo dolor que manifestaba el niño. Lo dejaron a su suerte.

La sospecha que rondó el caso fue que la peritonitis derivó de una agresión de su padrastro. Aunque Soñé no terminó siendo acusado de homicidio puesto que esto no se pudo comprobar.

Los análisis posteriores indicaron que la madrugada en que lo trasladaron al hospital llevaba entre 3 y 6 horas muerto. Soñé probablemente lo bañó para borrar rastros de un último abuso, especuló el fiscal de la Cámara Multifueros de Zapala, Héctor Carlos Trova.

El 6 de mayo de 2004, el hombre fue condenado a 30 años de prisión, una cifra inédita en Neuquén, por abuso sexual agravado y abandono de persona, y la mujer a 16 años que ya cumplió.

Los psiquiatras que entrevistaron a Soñé lo describieron como un “psicópata perverso” y los informes del Gabinete Técnico Criminológico (GTC) determinaron, en distintos momentos de su condena, que no estaba apto para volver a la sociedad.

Con 15 años de pena cumplida, el Tribunal de Impugnación neuquino, le permitió en mayo de 2017 las salidas condicionales de 12 horas y bajo vigilancia a casa de su madre, una vez por semana. Un policía suple la falta de tobilleras que padece la provincia.

Esta semana el mismo tribunal, compuesto por los jueces Federico Sommer, Liliana Deiub y Héctor Rimaro, le otorgó un régimen de semilibertad o salidas labores tomando nota de que en casi dos años el hombre no tuvo problemas en el exterior.

Como sus reiterados pedidos de obtener tratamiento psicológico no tuvieron resultados, desde hace cuatro meses la familia de Soñé paga una terapia con un psicólogo particular. Los especialistas del GTC advirtieron que no es adecuado a sus necesidades aunque tampoco han ofrecido otra alternativa.

“Es el Estado el que tiene la obligación de proporcionar tratamiento a las personas que permanecen en prisión. Pero el Estado no lo proporciona a la vez que lo exige y esto tiene que pensarse porque las personas finalmente un día van a salir de prisión”, le dijo a Clarín la abogada de Soñé, Melina. “La familia le proporcionó un psicólogo particular a Soñé para que haga un tratamiento, pero no hay una pauta, el Estado no entrega ninguna sobre cuál debe ser ese tratamiento porque tampoco lo tiene. Él lo hizo de forma voluntaria demostrando que quiere hacer algo para mejorar”, indicó Pozzer.

Desde la fiscalía neuquina opinan distinto. “Me parece pésimo que suplante al Estado y tenga que contratar a un psicólogo, pero además de haber hecho eso, el informe del gabinete le dio mal, quiere decir que no está apto”, señaló el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid a Río Negro. “El informe del gabinete técnico criminológico tiene que dar bien”, subrayó.

Por su lado, los magistrados apuntaron a las falencias del sistema de tratamiento e informes al que fue sometido Soñé en estos años. “Hacer justicia no es sinónimo de hacer cumplir a rajatabla la letra de la ley, sino también dar una mayor fundamentación de por qué no está cumplido el requisito del informe criminológico favorable, y aquí hay que reconocer que hay un gran déficit del Estado en no suministrar tanto a Soñé como a tantas otras personas privadas de libertad el tratamiento necesario”, fundamentó el juez Rimaro.

“Soñé lleva un año y nueve meses de salidas de 12 horas sin problemas, lo cual demuestra que el informe negativo no estaba acertado. Tampoco podemos irnos al extremo de que por un informe negativo vamos a seguir negando derechos”, destacó el magistrado.

En la audiencia Soñé reclamó por terapia y exámenes más rigurosos. “A mí me dejaron tirado como en un depósito. En todos los años que llevo preso el gabinete criminológico me vio cuatro veces, diez o quince minutos”.

Una vez que se implemente la forma y los horarios en que dejará la Unidad 11, donde se encuentra retenido, Soñé recuperará la oportunidad de desarrollar una actividad extra muros. Su abogada explicó que trabajará en un espacio donde no tenga contacto con niños ni público en general. “Pueden ser 7 u 8 horas o menos incluso”, detalló.

infozona.com.ar

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  1. Por su lado, los magistrados apuntaron a las falencias del sistema de tratamiento e informes al que fue sometido Soñé en estos años. “Hacer justicia no es sinónimo de hacer cumplir a rajatabla la letra de la ley, sino también dar una mayor fundamentación de por qué no está cumplido el requisito del informe criminológico favorable, y aquí hay que reconocer que hay un gran déficit del Estado en no suministrar tanto a Soñé como a tantas otras personas privadas de libertad el tratamiento necesario”, fundamentó el juez Rimaro.
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